martes, 12 de octubre de 2010

DOCUMENTO (XXI)

“Al final de la guerra de liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el problema de su recons­trucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la insuficiencia de los recursos y por bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia de la con­tienda.

        La guerra mundial y las repercusiones que trajo con­sigo aumentaron estas dificultades y cerraron gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento norma­les, lo que motivó una serie de intervenciones económi­cas al servicio de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción nacional.[…] Resueltos un sinfín de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados tanto del nivel de vida ya alcanzado cuanto de la evolución de la economía mundial, espe­cialmente la de los países de Occidente, en cuyas organizaciones económicas está integrada España.

        Para ello son imprescindibles unas medidas de adaptación que, sin romper la continuidad de nuestro proce­so económico, aseguren un crecimiento de la produc­ción respaldada por una política de ahorro y de ordenación del gasto. […] En este aspecto, el Decreto‑Ley que a continuación se articula establece la liberalización progresiva de la importación de mercancías y, paralelamente, la de su comercio interior; autoriza la convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas: faculta al Gobierno para modificar las tarifas de determinados impuestos y al Ministerio de Hacienda para dictar nor­mas acerca del volumen de créditos. […] La mayor flexibilidad económica que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso que abdique del derecho y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo económico del país. Por el contra­rio, esta función se podrá ejercer con mayor agilidad suprimiendo intervenciones hoy innecesarias.

De este modo, se espera obtener la estabilidad interna y externa de nuestra economía, el equilibrio de la balan­za de pagos, el robustecimiento de la confianza en nues­tro signo monetario y, en suma, la normalización de nuestra vida económica”.

Plan  de Estabilización, 20 de julio de 1959. Decreto‑Ley

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